Cuando la Guerra Fría se caldeó. Entre dirigentes comunistas era habitual el beso de bienvenida, pero Leónidas Breznev - izquierda - y Erich Honecker, líderes de la URSS y la República Democrática Alemana, se mostraron excesivamente efusivos en esta célebre foto de 1979.Último trabajo del blog, por fiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El 15 de marzo de 1966, el Pleno de las Cortes aprobó con sólo tres votos en contra la Ley de Prensa e Imprenta, conocida como «Ley Fraga», pues a la sazón ocupaba el Ministerio de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne.
Hasta entonces, la información en España se había regido por una ley dictada en abril de 1938, en plena Guerra Civil, por Serrano Suñer. Aquella ley de guerra imponía la censura previa, contenía duras sanciones contra cualquier vulneración a su articulado y dificultaba enormemente la creación de nuevos medios informativos.
La «Ley Fraga» mejoraba sustancialmente la situación, pues reconocía el derecho a una información libre. Desgraciadamente, su famoso artículo 2º matizaba tales libertades de forma tan amplia e imprecisa que su ejercicio sería casi imposible y quedaba sujeto a tan arbitrarias interpretaciones que a su amparo, en los once años que estuvo vigente, se abrieron cerca de seiscientos expedientes administrativos a medios informativos y periodistas.
Y, pese a todo, la «Ley Fraga» suscitó un optimismo extraordinario. En los años siguientes nacieron siete diarios: Tele Express, Nuevo Diario, Diario SP, Nivel, Diario Femenino, Diario de Pontevedra y Primera Página, pero su diversa y, en general, adversa fortuna pondría de manifiesto las limitaciones que encajonarían la prensa española en los años sesenta y setenta... años cruciales, pues en ellos se decidió la Ley de Sucesión, ocurrió el asesinato de Carrero Blanco, la muerte de Franco y el comienzo de la transición que nos conduciría a la democracia.
Debe decirse que, aparte de la presentación previa de los ejemplares en la oficina de control del Ministerio, la información internacional era prerrogativa exclusiva de la estatal Agencia EFE; en el mundo de las ondas, Radio Nacional era la única emisora que podía dar información (entendiéndose información política); en el campo de la Televisión, sólo existía por entonces una cadena y ésta era estatal. Además, fue reformado el Código Penal, que tipificó como delitos las infracciones contra el mencionado artículo 2º, y se puso en marcha, en 1968, la Ley de Secretos Oficiales, que impediría a los medios de comunicación hablar sobre temas tales como la descolonización de Guinea, el escándalo Matesa y diversos asuntos de terrorismo.
En el funcionamiento de aquella Ley durante los días cruciales del final del franquismo deben distinguirse varias etapas. La primera es, sin duda alguna, la del ministro que la puso en marcha, Manuel Fraga Iribarne, que estuvo al frente de Información y Turismo hasta finales del verano de 1969. Fueron poco más de tres años en los que se incoaron 457 expedientes contra la prensa, de los cuales tres concluyeron en sanciones muy graves, 27 graves y 151 leves... Como muy graves deben calificarse los cierres por dos meses del Diario Madrid y del semanario Destino; como graves, la condena a Néstor Luján y los procesos a Martínez Albertos, Pedro Altares, Rafael Calvo y Miguel Angel Gozalo. Pero el caso más grave, con mucho, fue el del diario, entonces de corte liberal, El Alcázar, cuya cabecera explotaba la empresa Prensa y Ediciones S.A. (PESA). El 27 de septiembre de 1968 fue suspendida su publicación, hasta que su cabecera terminó nuevamente en poder de sus primitivos propietarios, quienes lo sacaron a la calle convertido en un órgano ultraconservador.
El periodo Fraga Iribarne se cerró con los peores augurios para la libertad en España. Primero, un estado de excepción provocado por el comienzo del terrorismo etarra, que nos volvió a los días de la censura. Luego, la designación como «sucesor a título de Rey» del Príncipe Juan Carlos, asunto de buen augurio si no hubiera sido por el escándalo Matesa, que estalló inmediatamente después y terminó cargándose aquel Gobierno, con Fraga incluído, e instalando a Sánchez Bella en el Ministerio de Información y Turismo, un hombre incapaz de pensar o moverse en otra dirección que la indicada por las orejeras que llevaba puestas desde su juventud.
Sánchez Bella llegó al Ministerio en el otoño de 1969 y puso la primera piedra en su lucha contra la libertad y la información abortando el nacimiento del diario Nivel. Poco después la revista Triunfo era suspendida por cuatro meses, poniéndola al borde de la quiebra.
Pero este inefable ministro alcanzaría el cénit de su obra inquisitorial cerrando, el 25 de noviembre de 1971, el Diario Madrid, aprovechándose de un problema de propiedad de acciones. La destrucción del edificio por la inmobiliaria que lo compró fue, seguramente, la imagen más elocuente de la opresión final del franquismo.
En esos momentos postreros del régimen ocurrieron cosas importantes en el mundo de la prensa: nació Cambio 16 (1972), el semanario más importante del final de la dictadura y de la transición y cabeza de un grupo clave para la instauracuión de la democracia. Pese a las medidas de la dictadura, la libertad rompía las cadenas. Hubo un ministerio efímero, el de Liñán Zofío, conocido porque estaba al frente de Información y Turismo cuando ETA asesinó a Carrero Blanco.
Con la muerte del presidente del Gobierno, se remodeló este, llegando a Información y Turismo Pío Cabanillas Gallas, tercera etapa en el control de la «Ley Fraga», la que todos los periodistas recordamos como más libre y aperturista. Es la época de la eclosión de las revistas (auge de Cambio 16, nacimiento de Doblón, Hermano Lobo, Por Favor, Ciudadano...) y revolución del lenguaje, buscando claves comprensibles para los lectores y difícilmente sancionables por el aparato represor («el paro ilegal», o sea, la huelga; presos condenados por el Tribunal de Orden Público, igual a presos políticos, que, según el franquismo, no existían, etc).
Franco estaba enfermo, la Prensa rompía el corsé de la «Ley Fraga», la oposición pululaba con cierta soltura por la Universidad, los despachos de abogados y los comités de empresa... el país cambiaba a ojos vistas, pero la Dictadura aún daría el último coletazo. Pío Cabanillas saltaba del Ministerio y era sustituído por León Herrera Esteban, otro inquisidor. A él se deben los cierres temporales de Triunfo, Cambio 16, y las sanciones contra el Correo de Andalucía, el Ya y Por Favor, el encarcelamiento del periodista Huertas Clavería y, en fin, 147 actuaciones administrativas en sólo el primer semestre de 1975.
Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y, la «Ley Fraga» comenzó a oxidarse
Una checa o cheka era una instalación que durante la guerra civil española utilizaban los milicianos del bando republicano -especialmente los partidos y sindicatos de izquierda- para detener, interrogar y juzgar de forma sumarísima. Eran conocidas por la calle donde se encontraban, o bien por el nombre de quien las dirigía. Aparte de las que dependían directamente del Gobierno de la República –como las de las calles de Bellas Artes y Fomento 9–, varios partidos políticos, ateneos, comités, sindicatos u organizaciones del Frente Popular disponían de una.
También pasaron por estas cárceles clandestinas numerosos disidentes de la república, desde simpatizantes del bando nacional y derechistas que disentían con cualquier idea socialista, hasta revolucionarios de izquierda que disentían con las ideas estalinistas y del PCE. Se llamaban "checas" por ser éstas las siglas del organismo de la policía política en la URSS de 1917, la Checa, cumpliento un rol análogo en la represión política.
Dirigente revolucionario español (El Vendrell, Tarragona, 1892 - Barcelona, 1937). Sus inquietudes sociales le llevaron a militar sucesivamente en movimientos políticos tan diversos como el republicanismo catalanista, el socialismo del PSOE, el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo (de la que llegó a ser secretario general en 1921) y el marxismo-leninismo del Partido Comunista de España (al que se adhirió nada más fundarse, en aquel mismo año).
Permaneció en la Unión Soviética como funcionario de la Internacional Sindical Roja (Profintern) hasta que fue expulsado por Stalin por sostener posturas políticas cercanas a Trotski (1929). Regresó entonces a España y formó un partido propio con los trotskistas españoles escindidos del PCE: Izquierda Comunista de España (1930).
La proclamación de la Segunda República en 1931 permitió al partido actuar dentro de la legalidad y desarrollar una activa propaganda, dirigida por Nin desde que fue elegido secretario general (1932). Pero su estrategia «entrista» (consistente en infiltrarse en el gran partido obrero de masas que era el PSOE) fue desautorizada por Trotski, con quien también acabó rompiendo Nin en 1934.
Un año después unificaba su partido con el Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín, dando lugar al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Al estallar la Guerra Civil en 1936, Maurín fue detenido por los militares sublevados, sustituyéndole Nin como secretario general del POUM.
Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios organizados de asesinato masivo de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Tuvieron lugar durante la Batalla de Madrid en el transcurso de la Guerra Civil Española, en los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, cercano a la capital española.
Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron.
Los convoyes mencionados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República, falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser simplemente consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.
Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.
La matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a varios miles, entre 2.000 y 5.000, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos.
En España, la violencia terrorista de extrema izquierda presenta la peculiaridad de abordar un combate real contra un régimen dictatorial al que ya se había intentado subvertir por métodos de guerrilla rural (maquis) y urbana (Sabaté, Facerías y otros anarquistas) en las décadas anteriores. En octubre de 1964, el recién constituido PCE (m-1), pionero de los grupos maoístas españoles, proclamó la necesidad de una "guerra popular" antifranquista que debía ser llevada a cabo por unas Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), constituido oficialmente en París en noviembre de 1973, tenía como objetivo la instauración de una República Popular y Federativa a través de un movimiento insurreccional. Tras la ruptura con el Partido Comunista Chino y su acercamiento al modelo albanés, los activistas del PCE (m-1) intervinieron por primera vez en enfrentamientos callejeros con la Policía Armada los días 1 y 2 de mayo de 1973, causando la muerte de un agente. Las fuerzas de seguridad practicaron detenciones masivas de militantes, pero la acción callejera no resultó un factor desestabilizador determinante, y ante la aceleración del cambio político con la muerte de Carrero Blanco y la primera enfermedad del dictador, el Comité Permanente del FRAP decidió, en abril de 1975, cambiar de estrategia. Se trataba de organizar una campaña armada en Valencia, Barcelona y Madrid con acciones de baja intensidad y carácter limitado: robo de armas, atracos y agresiones a personas y empresas relacionadas con conflictos laborales, contra locales del Estado e intereses norteamericanos. Sin embargo, los asesinatos de varios policías ese verano condujeron a una nueva oleada de represión: once miembros del FRAP fueron juzgados en un consejo de guerra, y tres fueron condenados a muerte y fusilados junto a dos militantes de ETA el 27 de septiembre de 1975.Por esa época proliferó en Barcelona y su periferia una serie de grupos armados de corta vida y posición ideológica muy heterogénea. El más destacado fue el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), grupúsculo marxista-anarquista cercano al consejismo y a la tradición violenta de anarquismo catalán, que creó los Grupos Armados de Combate (GAC) dedicados a la agitación armada (robos y atracos) entre febrero de 1972 y marzo de 1973, hasta su autodisolución en agosto de 1973 y la ejecución el 2 de marzo de 1974 de uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, al parecer vinculado con la actividad del Groupe d'Action Révolutionnaire Internationaliste (GARI) creado en 1973 en Francia, Bélgica e Italia para derribar al régimen de Franco, y que protagonizó diversos atentados con explosivos en el verano de 1974.Varios núcleos procedentes del área del PCE fundaron en Bruselas en septiembre de 1968 la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), con vista a la reconstrucción del Partido Comunista Marxista Leninista Español al margen de un PCE oficial considerado revisionista. El éxito de ETA, la enfermedad de Franco en el verano de 1974 y la Revolución de los claveles en Portugal animaron al Partido Comunista de España Reconstituido (nuevo nombre de la OMLE desde junio de 1975) a intensificar una acción armada que, en su opinión, podría desestabilizar a la dictadura. Sus primeras actuaciones violentas coincidieron en el tiempo y en sus objetivos con las que realizó el FRAP: asesinato de cuatro agentes de policía el 1 de octubre de 1975, tras los fusilamientos de activistas de ETA y FRAP a fines del mes anterior. Dos meses después, ya muerto Franco, el PCE(r) se dispuso a la lucha revolucionaria contra la reforma política, reestructurándose en varias comisiones. La comisión técnica se encargaría de planear una acción armada más amplia dentro de un presunto frente antifascista. Este fue el origen de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).Tras los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en que cinco manifestantes murieron en enfrentamientos con la policía, el PCE(r) llamó a las armas y a la creación de un embrión de Ejército Rojo estructurado en núcleos locales y dirigido por un Comando Central. Fue el momento de la aparición de una segunda generación de militantes del GRAPO partidarios de un activismo de agitación en el umbral del terrorismo, cuya presentación pública fue una serie de explosiones. el 18 de julio de 1976, aniversario del inicio de la Guerra Nacional revolucionaria. Sin embargo, el secuestro el 11 de noviembre de 1976 (pocos días antes del referéndum para la reforma política) del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, el 24 de enero de 1977 (el mismo día que unos pistoleros del entorno del sindicato vertical asesinaron a cinco abogados laboralistas en un despacho de la madrileña calle de Atocha), y la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad cuatro días después supusieron un salto cualitativo hacia una violencia de carácter provocativo. Violencia que coincidía de forma sospechosa con actos de la ultraderecha que alimentaron la "estrategia de la tensión" en esas semanas cruciales de la transición a la democracia. Aunque en 1979 cuadruplicó el número de atentados con relación a los dos años precedentes, el GRAPO no logró sus objetivos: ni consiguió desestabilizar al régimen naciente ni fortalecer su imagen como grupo revolucionario, sino que más bien la deterioró, al aparecer ante la opinión como un grupúsculo de provocadores manipulados por la ultraderecha o por algún servicio de inteligencia extranjero.La transición democrática permitió una fugaz suavización de la legislación represiva de los delitos políticos, pero el recrudecimiento de las acciones violentas impuso el retorno a una legislación de excepción. El 26 de diciembre de 1984 se promulgó la ley orgánica contra la actuación de las bandas armadas y elementos terroristas, de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Esta Ley Antiterrorista, inspirada en el modelo italiano, ampliaba los plazos de detención e incomunicación de los detenidos, restringía los derechos de asistencia letrada, facilitaba los registros policiales, la intercepción de las comunicaciones privadas y la suspensión cautelar de asociaciones y cargos públicos, además de agravar las penas establecidas, equiparando la frustración al delito consumado, fijando penas mínimas para determinados actos delictivos y previendo circunstancias de atenuación en el caso de terroristas arrepentidos. La amnistía de 1977, la normalización democrática y la creciente eficacia de la represión jurídica y policial dejó al PCE(r) como grupo residual. El GRAPO mantuvo esporádicamente sus acciones armadas a través de comandos móviles como baza para una eventual negociación con el Gobierno respecto a la amnistía, la depuración del aparato del Estado, la garantía de las libertades políticas y la neutralidad exterior. Pero la captura por parte de la policía de la práctica totalidad de sus comandos operativos y servicios técnicos e informativos obligó al GRAPO a simplificar su estructura y a actuar desde 1980-81 de forma más esporádica.Después de una nueva oleada de detenciones de activistas efectuadas tras el 23-F y la muerte de los dirigentes Enrique Cerdán Calixto (5-IX-1981) y Juan Martín Luna (5-XII-1982), sólo un puñado de militantes se mantuvo en la clandestinidad, colocando explosivos en zonas turísticas y realizando atracos a mano armada o extorsiones a empresarios. Tras la llegada al poder del PSOE y el fracaso de los contactos habidos con representantes del Ministerio del Interior en 1983 para el abandono de la violencia, el GRAPO se escindió entre los que consideraban cerrada la crisis revolucionaria y pretendían abandonar las armas, los que deseaban la articulación de un auténtico partido combatiente y los "atentistas" partidarios de reorganizar y fortalecer el PCE(r) a la espera de tiempos mejores. A mediados de enero de 1985, la policía desarticuló de nuevo la estructura del GRAPO, y en noviembre de 1989 el Ministerio de Justicia decidió la dispersión de los presos de la organización. A pesar de los avances en la reinserción individual de sus integrantes y de las detenciones periódicas de sus dirigentes más activos, el GRAPO parece haberse enquistado en un terrorismo de resistencia cuya salida política resulta muy incierta.
Los episodios del "Mayo francés" de 1968 y la muerte del estudiante Enrique Ruano en la Dirección General de Seguridad en 1969 fueron decisivos para que Puig Antich decidiera implicarse activamente en la lucha contra la dictadura franquista. Su primera militancia sería en las plataformas de Comisiones Obreras, formando parte de la Comisión de Estudiantes del Instituto Maragall. Ideológicamente, pronto evolucionó hacia posiciones anarquistas, que rechazaban cualquier tipo de dirigismo y jerarquía dentro de las organizaciones políticas y sindicales en la lucha de la clase obrera hacia su emancipación. Tras iniciar estudios universitarios de Ciencias Económicas, hace el servicio militar en Ibiza, donde es destinado a la enfermería del cuartel. Una vez licenciado, se incorpora al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), integrándose en su rama armada, en lucha contra el capitalismo. Los MIL no se consideraron un grupo en la línea del FRAP o ETA. Nunca atentaron contra fuerzas de seguridad ni pusieron bombas.
Puig Antich y sus compañeros se movían con facilidad en el mundo de la lucha clandestina. Puig participa, haciendo de chófer, en las acciones del grupo, que consistían generalmente en atracos a bancos. Los botines se destinaban a financiar las publicaciones clandestinas del grupo. Crearon la revista "CIA" [Conspiración Internacional Anarquista] y la editorial "Mayo 37". También se ofrecieron para ayudar económicamente a huelguistas, pero a éstos les daba miedo recibir un dinero proveniente de los atracos. Viajaban a menudo al sur de Francia, donde se relacionaban con viejos militantes cenetistas.
En agosto de 1973, el grupo se reunió en Francia para celebrar el congreso de autodisolución del MIL. El mes siguiente, tras el atraco a una oficina de La Caixa, empezaría una fuerte ofensiva policial contra los militantes del MIL.
El 2 de marzo de 1973 un contable de la sucursal del Banco Hispanoamericano de Barcelona resultó herido de gravedad durante un atraco perpetrado por Salvador Puig Antich, Jean Marc Rouillant, José Luis Pons Llobet y Jordi Solé Sugranyes. A partir de entonces la policía creó un grupo especial para desarticular esta banda. La nueva situación creó dudas y contradicciones en el seno del MIL. En agosto de 1973 la mayoría de sus miembros, descontentos con la trayectoria del grupo, decidieron su disolución. Sin embargo, Puig Antich, los hermanos Solé Sugranyes y José Luis Pons decidieron continuar.
El 15 de septiembre de 1973, en lo que fue el último atraco del MIL, en Bellver de Cerdanya la Guardia Civil detuvo a Oriol Solé y a José Luis Pons, mientras que Jordi Solé consiguió escapar a Francia. Unos días después la policía detuvo a la novia de Pons y a Santi Soler que, al ser interrogado, acabó confesando que tenía una cita el 25 de septiembre con Xavier Garriga en el bar El Funicular. Se preparó un operativo para ese día esperando detener a Garriga. Aunque no se esperaba la presencia de Puig Antich, finalmente los dos anarquistas son abordados. Garriga iba desarmado y no opuso resistencia. Puig se resistía al arresto, por lo que entre los inspectores Bocigas y Santorum y el subinspector Anguas trataron de reducirle con una zancadilla y mediante golpes en la cabeza con la culata de las pistolas. En ese momento le ocuparon una pistola Kommer, calibre 6,35 milímetros, cargada y sin montar. Sin embargo el forcejeo continuó y cinco policías introdujeron a Puig y a Garriga en un portal situado en el número 70 de la calle Girona. En ese momento se escuchó un disparo, que aprovechó Garriga para escapar, aunque fue perseguido por los policías Rodríguez y Algar y atrapado gracias a la colaboración ciudadana. Mientras tanto se produjo un tiroteo en el portal donde habían quedado Puig Antich, Bocigas, Anguas y Fernández Santorum, resultando malherido Puig Antich y muerto el subinspector Francisco Anguas Barragán, de 23 años.
Puig Antich fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte a Anguas Barragán y, posteriormente, juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte "por la muerte de un funcionario público por razones políticas". Unos pocos partidos de extrema izquierda, colectivos de derechos humanos y mandatarios extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán Willy Brandt pidieron su indulto. En la opinión de los abogados, hermanas y novia de Puig Antich, hay amplia coincidencia en que para pedir el perdón para Puig Antich no se movilizaron los partidos y sindicatos tradicionales de oposición, ni hubo una presión popular en la calle. Salvador Puig Antich, de 25 años, pasó su última noche en la celda 443 de la cárcel Modelo de Barcelona, y fue ejecutado mediante garrote vil por el verdugo titular de la Audiencia de Madrid, Antonio López Sierra, en la sala de paquetería de la prisión el 2 de marzo de 1974 a las 9:20 horas de la mañana, certificando su muerte un capitán médico a las 9:40 horas. En muchos países de Europa se organizaron manifestaciones como protesta por la ejecución.
Puig Antich está enterrado en el Cementerio de Montjuïc (agrupación 14, nicho 2737).
